El movimiento social de la discapacidad se suma así a una iniciativa que pretende que el Parlamento modifique la Ley general del medicamento a fin de abordar la falta de transparencia y el sistema de fijación de precios, que de mantenerse como hasta ahora pone en peligro la continuidad de la sanidad pública.

 

Asimismo, la ILP aspira a fomentar la investigación pública de medicamentos y la formación independiente de los profesionales sanitarios con la creación de un fondo para mejorar el acceso a las innovaciones y garantizar una prescripción adecuada.

Para el grupo social de las personas con discapacidad y sus familias, a quienes representa el CERMI, una prestación farmacéutica justa y equitativa, sin abusos de parte -como los que favorece la regulación actual- y al servicio de bien común, resulta esencial, por lo que el poder público ha de establecer reglas claras en las que prevalezca la función social del medicamente, y no el mero afán burdamente lucrativo de la industria.